Destacados Primera Plana, Editoriales, Opinión

La dictadura castrista jamás permitirá la reforma legal y el acceso libre a Internet a la ciudadanía y al periodismo no oficial, editorial 477

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Los dos grandes retos que se enfrentan en las calles con el dueño de Cuba son reformar el marco legal que impide el pleno respeto a la libertad de expresión y abaratar y liberar el acceso a Internet entre la población.

Al acoso y la intimidación por parte de las autoridades se suman a las restricciones impuestas desde anticuadas y restrictivas disposiciones legales que conforman el entramado de control totalitario absoluto que frena e impide el avance y ejercicio de todas las libertades, con inclusión de la libertad de prensa.

Los periodistas desde hace mucho y los blogueros más recientemente, han abierto a su cuenta y riesgo nuevos espacios para la libertad de expresión y el periodismo emprendedor. Lo han hecho afirmados en zonas muy peligrosas y restringidas por los estrechos, ambivalentes y restrictivos marcos jurídicos existentes.

La aparente permisibilidad informativa independiente no es una señal de un cambio real en Cuba. Aún queda por hacer porque la amenaza de arrestos arbitrarios, posibilitados por ambiguas disposiciones legales y las siempre presentes limitaciones sobre el acceso a Internet frenan el avance de la libertad de prensa y del resto de los derechos y libertades conculcados.

Existe el proyecto conocido como “Operación Verdad”, que usa a jóvenes cíber-policías de la UCI de forma priorizada y a militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. Ellos se encargan por mandato de la policía Seguridad del Estado (DSE) de supervisar las conversaciones en Internet en busca de señales de disidencia y responder con comentarios a periodistas independientes y blogueros críticos.

Es de destacar que las normativas, desde la Constitución hasta el Código Penal, limitan la capacidad de los periodistas de informar de manera crítica e independiente, ya que la Constitución vigente prohíbe toda propiedad privada sobre medios de difusión que no sea la propiedad impuesta sobre todo, de la élite gobernante y su partido único. Así, esta estipula que los medios masivos son de esa ambigua propiedad social que no es otra cosa que propiedad del Estado, y el Estado son ellos o quienes ellos designen.

El Código Penal aun contempla penas de hasta tres años de cárcel por calumniar, difamar o injuriar a los altos funcionarios públicos, y de hasta cuatro años de prisión por difundir noticias falsas que “pongan en peligro o que desacrediten el prestigio” del Estado.

Debe tomarse en cuenta que continúa vigente la Ley de Dignidad Nacional de 1997 que prevé hasta diez años de prisión por colaborar con “medios del enemigo”, o la Ley de Protección de la Independencia Nacional, que incluye penas de hasta ocho años por acumular, reproducir o distribuir materiales subversivos.

Otro aspecto relevante es el escaso y mínimo acceso que se tiene en Cuba a Internet, lo que de hecho es el mayor obstáculo para que algún periodista se vuelva relevante dentro de Cuba. Pese a los avances logrados en los últimos años, la mayoría de los contenidos de los trabajos periodísticos independientes se consumen y se accede a los mismos, fuera de la isla.

Aunque Cuba cuenta ya con la primera conexión de fibra óptica de alta velocidad, desde un cable submarino que conecta la isla con Venezuela desde 2013, y con el primer sistema nacional de correos electrónicos para teléfonos móviles, esto está bajo un severo, restrictivo y estricto control.

Más allá de medidas anunciadas y adoptadas por ETECSA (el monopolio de las comunicaciones del estado) y las promesas de los mandamases verdeolivo de que para el año 2020 la mitad de la población tendrá acceso a la web, Cuba sigue con el índice de conectividad más bajo del hemisferio (hay menos de 200 puntos de acceso público a wifi en toda la isla).

El régimen castrista alega que es resultado del embargo y de las limitaciones de una economía en vías de desarrollo, pero desde la apertura de las relaciones con Estados Unidos en 2014, no se han anunciado contratos importantes sobre acceso a Internet, salvo un centro patrocinado por Google que es más gesto simbólico que solución.

Por todo ello, hasta que la presión internacional no les obligue a que se permitan medios y cooperativas de prensa privados, no se estimulará a la prensa estatal a funcionar de forma creíble e independiente y a informar de manera crítica. Solo esto acabará con las citaciones, las detenciones breves y el acoso a los periodistas independientes. Para ello, todos deberemos disponer del “…derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía”. Digamos que a escribir e informar también, sin este derecho, no habrá avance ni cosa alguna de relevancia.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*